Responsabilidad social empresarial, costos de transacción y competitividad sectorial en servicios públicos

Resumo

La participación ciudadana y su derivada la responsabilidad social empresarial todavía no son de buen recibo en los servicios públicos. Unos, porque las sienten como una imposición cuando son un acuerdo político constitucional. Otros, como un “divertimento” del legislador que formuló la Ley 142/94, cuando son un avance cualitativo trascendental de la legislación sectorial. Y otros, como un invento de politólogos “sin oficio”, cuando constituye el hito político más significativo desde el rompimiento del pacto colonial comenzando el siglo XIX. El artículo se propone demostrar que la noción democrática de participación instaurada en la Carta de 1991, constituye una herramienta poderosa para que el sector dé el paso desde su papel competidor hacia otro altamente competitivo. El supuesto fundamental consiste en que, dada la tendencia a igualarse por lo bajo que tenderían a mostrar los costos variables de producción, las posibilidades de competir con ventaja en el mercado global pueden estar concentradas ahora, por lo tanto, en generar diferencias ostensibles en los costos fijos, siendo los de “transacción” uno de estos.